La Política Económica de la Ultraderecha :

Desprecio Absoluto Hacia el Pueblo y la Clase Trabajadora.

 

Hay quienes piensan que Felipe Calderón es errático, inexperto y no sabe lo qué hace. Sin embargo no es así. Él mismo y el cuerpo de tecnócratas que integran su gabinete están perfectamente bien “formados” para aplicar fielmente, al grado de fundamentalismo, las políticas económicas diseñadas por organismos multilaterales como el Banco Mundial… es decir, las que van dirigidas a consolidar el imperialismo en el planeta. De esto ha dado cabal muestra en su primer año de “gobierno”.

Ha sido más que evidente que sus acciones no van encaminadas a satisfacer las necesidades del Pueblo Mexicano, sino a cumplir con el papel servil y complementario que nos han asignado las superpotencias industrializadas. De este modo vemos que los factores humano, social, político e incluso cultural, quedan subordinados al servicio de la “globalización económica capitalista” . Hoy más que nunca la democracia burguesa en nuestro país se desenmascara y aparece tal cual es: una plutocracia en la que el pueblo ( “demos” ) es sacrificado y explotado para engrosar las ganancias económicas de una elite ( “ploutos” ) minoritaria que no tiene el menor escrúpulo ante el sufrimiento humano, por más que rece y vaya a la iglesia todos los domingos.

No puede explicarse de otro modo el vergonzoso “incremento” de 2 pesos al salario mínimo diario, que constituye un insulto y una burla a la Clase Trabajadora. Con este paupérrimo nivel de ingreso que así llega alrededor de los $50 por día, deberán retorcerse en su miseria millones de personas en México a las que únicamente les alcanzará para adquirir diariamente 1 kilo de frijol, 3 de tortillas y 1 litro de leche; si es que no sucede que en lugar de éste último, prefieran mejor comprarse uno del más barato aguardiente para ahogar el hambre y las frustraciones. De este modo millones de compatriotas tendrán lo indispensable para distraer al estómago y juntar las energías suficientes para seguir aportando su fuerza de trabajo a las ganancias del empresariado. Pero ¿qué podrán hacer para aminorar sus graves carencias de salud, desnutrición, vivienda, educación, aseo, vestido, combustible, transporte y el necesario sano esparcimiento? Nada.

Según cifras del INEGI (obviamente manipuladas de menos), 2.5 millones de trabajadores mexicanos perciben un solo salario mínimo, mientras otros 6.5 millones obtienen ingresos que van entre uno y dos mini-salarios. Si tomamos en cuenta que la mayor parte de ellos son jefes de familia, tenemos que en México hay cerca de 9 millones de familias que se “sostienen” con ésos ínfimos niveles de “ingreso”. Pero esto es sólo en lo correspondiente al sector asalariado, pues además de la galopante cifra de desempleados y trabajadores informales , en el campo existen muchos más millones de familias indígenas y campesinas que no ganan ni siquiera dicho salario mínimo. Este horizonte desgarrador en el que sobreviven su miseria la mitad de los 80 millones de pobres del país, tiene responsables con nombres y apellidos: unos pocos por haber instrumentado este sistema profundamente inequitativo… y otros muchos por haberlo permitido.

El relevo del PAN en el poder no ha significado ningún cambio, sino la auténtica continuidad programática del podrido régimen burgués que antes encabezaba el PRI. En 1970 nuestro Pueblo padecía de explotación, empobrecimiento paulatino, ausencia total de democracia, farsas electorales y una salvaje represión caracterizada en la llamada guerra sucia . Hoy nada es distinto en su esencia, pero sí en los resultados alcanzados por la ultraderecha panista: la explotación perfecciona su “legalización” a través de reformas laborales que anulan las históricas conquistas de la Clase Trabajadora ; la proporción de pobres en el país ha llegado a un récord sin precedentes en los últimos 90 años, a pesar de las cuantiosas divisas que envían desde el norte más de doce millones de paisanos que han sufrido el desplazamiento forzado a causa de las políticas neoliberales; las decisiones políticas, económicas y sociales siguen siendo antidemocráticamente tomadas por una burocracia al servicio del régimen burgués , siempre al margen de la opinión y expectativas del Pueblo (como lo acaba de hacer la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, integrada solamente por patrones, sindicatos corporativizados y funcionarios de gobierno); se ha llegado a la reedición de los tradicionales fraudes electorales, como el que llevó a la presidencia a Felipe Calderón, mientras las campañas se han convertido en verdaderos concursos de rating mediático y marketing en los que “triunfa” quién cuenta con más dinero, a la vez que todo ese teatro resulta un extraordinario negocio para publicistas y medios de comunicación. Finalmente, con la criminalización de la protesta social y popular institucionalizada a través de la reforma judicial, además de prácticas de lesa humanidad como la desaparición forzada de luchadores sociales, tenemos hoy un Estado netamente fascista. Así, del PRI de los 70's al PAN del siglo XXI sólo cambiaron las formas, mas no el fondo.

Haciendo igualmente el comparativo entre 1970 y 2008 en lo referente al poder adquisitivo, vemos que los “logros” de la ultraderecha han batido todo récord. Mientras en 1970 un salario mínimo de $28 alcanzaba para comprar 19 kilogramos de tortilla, el actual de $50 sólo da para obtener 5.75 kilos; en cuanto a leche antes daba para 11.6 litros , mientras hoy no alcanzará ni para 5; de carne se podía acceder a 1.5 kilogramos en los 70's, en tanto que para 2008 apenas si se conseguirán 800 gramos ; y en el caso de huevo el contraste es alarmante, pasando de 46 kilos antes a apenas 3.5 hoy. Según cálculos del Centro de Análisis Multidisciplinario, de la Facultad de Economía de la UNAM , la canasta alimenticia recomendable integrada por 33 productos de consumo básico, pasó de $80.83 que costaba el 1 de diciembre de 2006, a $100.69 el 1 de septiembre de 2007. Esto es un 24.57% más; muy alejado del 4% que “subió” el salario mínimo.

Estos son los números de la microeconomía que azotan los hogares empobrecidos, y que son en extremo distintos a las cifras macroeconómicas que utilizan de referencia los tecnócratas proimperialistas para maquillar la situación real y exaltar supuestos “logros” del régimen económico en que nos tienen sometidos. Existen 80 millones de pobres, mientras las poderosas empresas nacionales y los consorcios transnacionales asentados en el país son exportadores de primer nivel mundial, gracias precisamente al raquítico salario mínimo existente y ahora a su cuantioso “incremento” de 2 pesos: cuyo porcentaje (4%), servirá además como tope salarial para las “negociaciones” con el sector sindicalizado. Paradójicamente, el ínfimo “aumento” al salario mínimo provocará otros dos aumentos, esos sí realmente sustanciales: el de la cifra de personas sobreviviendo en la más aguda miseria, que hoy alcanza los 40 millones; y el de las ganancias de los grandes capitalistas nacionales y extranjeros, que entre otras cosas garantizará que México siga ostentando el “orgullo” de tener al mayor multimillonario del mundo: Carlos Slim Helú.

Es un hecho que el “gobierno” panista no está dispuesto a enmendar el rumbo y seguirá aferrado al dogma neoliberal que nuestro Pueblo viene padeciendo desde inicios la década de los 80's. Apostarle a insertarnos más sólidamente en el mercado global significa producir a precios más competitivos : y para ello ha sido bastante claro que los empresarios capitalistas no están dispuestos a reducir su margen de ganancias, sino a que el Estado burgués les garantice una mano de obra en extremo barata, un acceso ilimitado de materias primas a precio de regalo y que les exente de cualquier costo por los daños ambientales que generen. Este es el modelo de desarrollo que nos tiene asignado el imperialismo y contra el cual nuestro Pueblo y los demás Pueblos empobrecidos del mundo deberemos luchar incansablemente en pos de la libertad.

Otro ángulo de esta política económica criminal llega a su punto más vergonzante con la apertura total del sector agropecuario en el marco del TLCAN. No obstante que los números son por demás ilustrativos de la catástrofe que hasta 2007 ha significado este acuerdo comercial profundamente injusto para el campesinado mexicano, el gobierno ultraderechista de Calderón se negó a buscar la necesaria renegociación aun cuando las propias cláusulas del TLC lo permiten.

A grandes rasgos las estadísticas señalan que desde la puesta en marcha del TLCAN, la riqueza en el agro mexicano se concentró en sólo el 3% de los productores, mientras se empobrecieron de manera alarmante unos 32 millones de personas en las zonas rurales, de las cuales el 80% apenas sobrevive en la más aguda miseria. Se dejaron de sembrar 2 millones de hectáreas, se perdieron más de 5 millones de empleos agrícolas y 8 millones de campesinos se vieron obligados a emigrar hacia los Estados Unidos, con toda la trágica secuela familiar y social que ello significa.

La insensibilidad de los tecnócratas proimperialistas que firmaron el TLCAN durante el gobierno de Carlos Salinas, significó una puñalada por la espalda a millones de familias indígenas y campesinas en todo México. Era evidente que el subdesarrollado campo mexicano jamás podría competir en condiciones de igualdad con la poderosa agroindustria estadounidense. Sin embargo, mostrándose dócilmente obedientes ante el imperialismo yankee, se prestaron a sacrificar a los productores nacionales y entregar nuestra Soberanía Alimentaria a intereses extranjeros; lo cual entraña poner en manos de la potencia del norte el mejor instrumento para el control absoluto de nuestro Pueblo: nuestra comida.

Las asimetrías son abismales. Mientras México tiene una superficie cultivable de 27 millones de hectáreas, Estados Unidos cuenta con 179 millones; nosotros 4.6 de riego, ellos 18. Los productores mexicanos poseen en promedio 3 hectáreas cada uno (aunque el 57% de ellos tienen menos de dos y el 23% menos de una); en tanto que los estadounidenses promedian 59 hectáreas por agricultor. En nuestro país existe un tractor por cada 50 campesinos (en el sur por cada 200), y en la potencia del norte cada uno tiene el suyo propio. El promedio de cosecha en maíz es aquí de 2.5 toneladas por hectárea, y allá es de 8.5. Nuestros paisanos tardan en promedio unos 15 días en recolectar una tonelada de maíz, cuando los norteamericanos lo hacen en sólo 1.2 horas gracias a la mecanización de su agricultura. En México la suma de los diferentes apoyos apenas llegan a 700 dólares anuales por productor, mientras en Estados Unidos es de 21,000.

El caso del maíz es emblemático para México, pues constituye la principal base alimenticia de nuestro Pueblo y a su cultivo se dedican casi dos terceras partes de los productores nacionales: razones suficientes para procurar con todo esmero un control estratégico sobre su producción y protegerlo de cualquier peligro externo. Sin embargo con el TLCAN fuimos puestos a competir de igual a igual con los Estados Unidos, que es la mayor potencia maicera del mundo: genera el 44% de la producción mundial de maíz y acapara el 65% de sus exportaciones en todo el planeta. El imperialismo yankee sabe perfectamente la importancia que tiene el aniquilar a sus “competidores” mexicanos, para arrebatarnos así la autosuficiencia de nuestro principal alimento y lograr ponernos de rodillas ante él. Según investigaciones del Instituto de Políticas Agrícolas y de Comercio (IATP por sus siglas en inglés), los subsidios otorgados por el gobierno estadounidense a las exportaciones de maíz destinadas a México durante el TLCAN, superan los 1,400 millones de dólares: cifra equivalente al monto total de maíz que exporta Estados Unidos a todo el mundo en un año.

Bajo estos contrastes, los resultados eran de esperarse: al arrancar el TLCAN en 1994, México tenía un déficit comercial agroalimentario de 74 millones dólares; 10 años más tarde, en 2004, éste se elevó a la estratosférica cantidad de 5,500 millones de dólares. Más claro no puede ser.

Sin embargo esto no quiso ser visto por Felipe Calderón, quien llegó al poder político del país con la misión de representar los intereses de los grandes empresarios nacionales y garantizar el neo-colonialismo de los Estados Unidos. De este modo no reparó en cumplir su tarea, aplicando los términos del TLCAN que en este 2008 abre totalmente las fronteras de México a la voracidad del norte industrializado; el cual, además de poder inundarnos con sus productos propios, también tendrá la facultad de hacerle al mega-coyote : podrá importar alimentos primarios muy baratos de China, India, Brasil o Argentina, y triangularlos para introducirlos en nuestro país gracias al TLCAN. Y todo ello junto significa una competencia desleal que terminará por darle el tiro de gracia a los campesinos e indígenas mexicanos.

A la par el gobierno de Calderón no sólo ha seguido permitiendo la existencia en el país de coyotes y acaparadores, sino incluso de grandes consorcios de la intermediación tanto nacionales como transnacionales. Al ser desmantelada por la administración de Salinas la CONASUPO , que controlaba el proceso de captación de cosechas y otorgaba precios de garantía aunque no fuesen precisamente justos, hoy su lugar lo han ocupado gigantes como Maseca, Minsa y la reina norteamericana de los granos llamada Cargil, las cuales especulan y controlan los precios con el fin de obtener para sí la mayor ganancia económica. Un ejemplo de esto lo tenemos en uno de los alimentos básicos de nuestro Pueblo, el frijol, que es pagado al productor mexicano en $3.30 el kilo y se vende al consumidor hasta en $20. Otro caso que ejemplifica la traición hecha por Felipe Calderón lo vemos con la leche: México importa 1,500 millones de litros al año, y recientemente su “gobierno” introdujo al país enormes cargamentos de leche en polvo equivalentes a $6.78 por litro, mientras el precio oficial que se paga al productor nacional va de los $3.70 a los $4.40.

Lo anterior no es indicativo de que Calderón no sepa lo qué hace, sino de que está cumpliendo cabalmente la tarea que le fue encomendada por la oligarquía nacional y el imperialismo yankee. Tanto Salinas que firmó el TLCAN, como Zedillo y Fox que lo aplicaron a rajatabla sin la menor contemplación, jamás tuvieron la mínima intención de preparar al campo mexicano para estar en condiciones de enfrentar la tamaña competencia desigual que vendría del norte; su propósito siempre fue el de desaparecer al campesinado para cumplir al menos tres objetivos: vaciar de gente las zonas rurales ricas en recursos estratégicos, para que éstos pudieran ser saqueados por el empresariado capitalista; abastecer los mercados local y norteamericano con nuevos contingentes de mano de obra barata; y consolidar el poder del imperialismo al otorgarle el monopolio de la producción alimenticia.

De ser otra la intención de ésos tres expresidentes, la lógica hubiese indicado que tendrían que haber hecho esfuerzos por: modernizar el campo; dotarlo de más recursos; eficientar, reorientar y aumentar el gasto público hacia él; promover la organización de grupos de productores; darles capacitación, acceso a tecnologías y financiamientos encaminados a elevar su rentabilidad; terminar con el corporativismo político, que es uno de los principales responsables de que los dineros destinados al sector se queden en los bolsillos de algunos “líderes” corruptos; proporcionar paquetes tecnológicos, equipos y maquinaria; establecer reglas claras, justas y compensatorias para la comercialización de sus productos; brindar coberturas de precios y seguros agrícolas; y en general diseñar políticas de largo alcance dirigidas a buscar el desarrollo estratégico del sector, con el objetivo de hacerlo fuerte, competitivo y garante de la Soberanía Alimentaria : que constituye a su vez el pilar de la Soberanía Nacional.

Sin embargo absolutamente nada de lo anterior hicieron las tres administraciones neoliberales precedentes, sino todo lo contrario. Y según indica lo visto ahora con Calderón, la ultraderecha tampoco piensa hacerlo en el futuro. En contraste Estados Unidos sí ha hecho sistemáticamente todo eso y mucho más para robustecer y consolidar su sector agropecuario: como establecer estrategias de apoyo, subsidios y créditos blandos para el equipamiento, producción, comercialización y especialmente para la exportación; además, desde la segunda mitad del siglo XIX promulgó y ha venido actualizando, leyes encaminadas a garantizar que todo lo señalado antes se convierta en realidad. De este modo, hoy los granjeros estadounidenses reciben apoyos de su gobierno que representan el 48.2% de sus costos de producción.

Vemos entonces que mientras la potencia imperialista del norte puso y sigue poniendo un especial interés en apuntalar su sector alimentario, los gobiernos mexicanos priístas y panistas han hecho exactamente lo contrario: desmantelaron entre otras instituciones a CONASUPO, INMECAFE, BANRURAL, Productora Nacional de Semillas (PRONASE) y prácticamente siguen dejando morir de inanición al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), mientras SAGARPA eliminó la asistencia técnica, la capacitación y el servicio de información de mercados; instrumentos todos de gran necesidad para un campesinado que carece de escolaridad y elementos suficientes para enfrentar la desigual competencia que le significa el TLCAN. Y no es que “nuestros” gobernantes hayan hecho todo esto por ser imbéciles, sino por ser traidores a la Patria , por ser simples instrumentos políticos de la oligarquía nacional que detenta el poder real en nuestro país, la cual para preservar sus ilegítimos privilegios se ha hecho cómplice del imperialismo yankee.

Prueba irrefutable de lo anterior lo constituye la obcecada cerrazón de Felipe Calderón y de la cúpula empresarial mexicana, que se negaron a renegociar el capítulo agropecuario del TLCAN. A pesar de que existen suficientes bases legales para solicitar la revisión y enmienda de dicho acuerdo comercial , y de que cientos de organizaciones campesinas, intelectuales e instituciones no gubernamentales de todo el país estuvieron exigiéndolo al menos durante los últimos cinco años, el gobierno panista se rehusó a hacerlo. Prefirió no buscar los cambios necesarios y urgentes en el tema agropecuario del TLCAN, aunque ello afectará gravemente a más de 3.5 millones familias campesinas e indígenas, con tal de proteger los agronegocios de un puñado de empresarios mexicanos que lo apoyaron en su campaña electoral, que son los únicos que se han beneficiado con el libre comercio y que únicamente representan el 3% de los productores en el país. Y con esto contribuyó de paso a la consolidación de los Estados Unidos como monopolizador de la alimentación de nuestro Pueblo; es decir, a que tenga un control privilegiado y absoluto sobre nuestra Nación.

Ya desde el “gobierno” también panista de Vicente Fox se veía venir esta cerrazón de la tecnocracia neoliberal que hoy refrenda Calderón. Cuando entró en su etapa de mayor algidez el movimiento campesino de “El Campo No Aguanta Más”, Fox hizo uso de las más viejas tradiciones priístas para desactivarlo: ofrecer a los inconformes una “mesa de negociación”, regatear lo más posible hasta firmar unos “acuerdos”, y finalmente no cumplirlos. Tal fue el caso del mal logrado “Acuerdo Nacional para el Campo”, firmado el 23 de abril de 2003, cuyo numeral 50 señala: “El Ejecutivo Federal, con base en las facultades que le otorga la Constitución y leyes respectivas, iniciará de inmediato consultas oficiales con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, con el objeto de revisar lo establecido por el TLCAN para el maíz blanco y frijol, y convenir con las contrapartes el sustituirlo por un mecanismo de administración de las importaciones que resguarde los legítimos intereses de los productores nacionales y la soberanía y seguridad alimentarias”.

Sin embargo Fox jamás lo cumplió y ahora Calderón se niega a asumir este compromiso institucional que heredó como “jefe” del Ejecutivo. Esto constituye una clara falta de voluntad política, que deja en evidencia la complicidad del “gobierno” de ultraderecha con los intereses del imperialismo. No cabe el pretexto de que es imposible renegociar el TLCAN, puesto que existen suficientes elementos jurídicos que sí lo permiten, tanto en las leyes mexicanas como en los mismos clausulados de ése acuerdo comercial . Jurídicamente cualquier tratado o convenio internacional es susceptible de revisión, puesto que estos instrumentos no deben dañar a una de las partes en beneficio de la otra; éste es un principio fundamental del derecho universal.

Además, al rehusarse a dicha revisión Calderón está violando flagrantemente la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en su capítulo XVII –“De la Seguridad y Soberanía Alimentaria” –, que define como básicos y estratégicos al maíz, frijol, caña de azúcar, trigo, arroz, sorgo, café, huevo, leche y carnes de bovinos, porcinos, aves y pescados. Igualmente viola el Artículo 131 Constitucional, el cual señala que el Ejecutivo federal podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación. Por su lado el propio TLCAN establece en su artículo 803.1, que cada una de las partes se asegurará de la aplicación de sus leyes nacionales para la adopción de medidas de emergencia. Así mismo el texto de éste Tratado determina que si las importaciones de algunos productos se han incrementado hasta el punto de provocar un serio daño a la producción nacional, se pueden establecer medidas arancelarias (es decir, impuestos a la importación) para impedir que ésas importaciones sigan dañando a los productores del país afectado.

Por otro lado, el 16 de febrero de 2007 la Cámara de Diputados (que constituye uno de los tres Poderes de la Unión y es la que supuestamente “representa” al Pueblo mexicano) emitió un punto de acuerdo en el que exhortó con carácter de urgencia al Poder Ejecutivo (es decir, al “presidente” Calderón), para que se adhiriera formalmente a la demanda que interpuso el gobierno de Canadá ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), en contra de prácticas desleales que comete Estados Unidos en materia agropecuaria; es decir, subsidios ilegales, medidas distorsionantes del comercio y el llamado dumping (vender por debajo de los costos de producción) con lo cual éste país provoca la quiebra de sus competidores en otras naciones. A esta demanda canadiense se adhirieron otros 20 países, sin embargo el “gobierno” mexicano se negó a sumarse a pesar de que México es el segundo receptor de las exportaciones de maíz estadounidense.

Todo lo antes expuesto deja perfectamente claro que la política económica de la ultraderecha significa el más absoluto desprecio hacia el Pueblo y la Clase Trabajadora de nuestro país. Pero finalmente los diferentes “gobiernos” burgueses , aunque son los directamente responsables de esta traición, no son más que instrumentos que cumplen la función que les da su razón de ser. El responsable principal, el que está detrás de todo ello, es el sistema capitalista en sí. La única solución para nuestro Pueblo es erradicarlo de una vez por todas y de raíz. Y la única alternativa viable, justa y democrática es transitar hacia el Socialismo.