PEMEX: ¿PATRIMONIO DE LOS MEXICANOS?

 

Las explosiones de gasoductos petroleros ocurridas los días 5 y 10 de Julio de 2007 , en los estados de Guanajuato y Querétaro, y posteriormente el 10 de Septiembre en los estados de Veracruz y Tlaxcala,  que se adjudicó a través de comunicados el Ejército Popular Revolucionario (EPR) [1] con el objetivo de iniciar   “una campaña nacional de hostigamiento sobre  los intereses de la oligarquía y de este gobierno ilegítimo ” y la exigencia de “presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y de Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez” , han sido el punto de partida para generar un debate público  sobre si Pemex es aún patrimonio de todos los mexicanos, o si por el contrario como afirmó el EPR , es una empresa al servicio de los intereses de la oligarquía y por ello considera legítimo accionar en contra de sus instalaciones.

Al cumplirse 11 meses de la detención desaparición de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya y  algunos meses de estas acciones subversivas , en para el EPR acciones de autodefensa , resulta  necesario volver a este debate. En un momento en  que el presidente ilegítimo de México Felipe Calderón Hinojosa presentó al congreso una iniciativa de reforma en materia petrolera el pasado 8 de Abril - conocida comúnmente por la reforma energética-, que ya cuenta con el aval del PAN, PRI,  y parte del PRD; y que constituye un intento burdo y cínico por abrir la privatización total de Pemex, una empresa paraestatal que desde hace muchos años ha dejado de ser para beneficio de todos los mexicanos.

¡Sí, aunque muchos se empeñen en no reconocerlo, Pemex desde hace mucho tiempo que ha dejado de ser un patrimonio para beneficio de todos los mexicanos! Como prueba de ello está el aumento del precio de la gasolina y del gas para servicio doméstico, y como consecuencia el encarecimiento de la vida y los productos de primera necesidad como la leche, el maíz y la tortilla, los huevos, el arroz, el frijol, y un largo etcétera,  generando como consecuencia una miseria y pobreza de millones de mexicanos.

En ese contexto, resulta discutible la posición que asumió el diario La Jornada en su editorial y rayuela del día 11 de Julio ante los atentados de ductos en Julio de 2007. Donde señaló que atentar contra Pemex era demencial y que atentaba contra el patrimonio de todos los mexicanos, sobredimensionando su verdadera intención que consistía en emitir simplemente su desacuerdo con el uso de explosivos por una organización político militar y por tanto de la violencia, así visto, fue exagerado, desafortunado e innecesario expresar los siguiente: “ los ataques a los ductos de Pemex atentan contra una empresa que es propiedad de todos los mexicanos, una entidad pública que padece los embates de los afanes privatizadores y que ha sido expuesta a estrategias de devastación y saqueo por parte de las últimas cuatro presidencias neoliberales; la devaluación de la paraestatal y su reducción a chatarra ha sido, precisamente, la estrategia sistemática para forzar su privatización. En esta perspectiva, los atentados eperristas constituyen una manera por demás contradictoria de " hostigar los intereses de la oligarquía"; parecen, por el contrario, estar en sintonía con tales intereses” [2] .

Es interesante como Carlos Montemayor quien coincide en el análisis de la editorial de La Jornada ,  llega a una conclusión totalmente diferente y opuesta: “En las pasadas cuatro administraciones presidenciales Pemex se ha visto sometido a un proceso de desgaste, privatización y endeudamiento para preparar y forzar su desaparición total como empresa pública. Su carácter de fondo revolvente del gobierno federal, su constante cesión a consorcios privados y la corrupción lo apartan cada vez más del desarrollo industrial y económico del país. En este contexto, no carecían de sentido los primeros comunicados del EPR: Pemex ha dejado de ser un “patrimonio de todos los mexicanos” y se ha convertido en uno de los intereses de grupos trasnacionales; se trata de bienes que formalmente desean considerarse negocios privados y no “patrimonio de todos” [3] .

Es cierto que por ahora Pemex sigue siendo una empresa pública, y aunque mermada, resulta  imprescindible su defensa para evitar su entrega total a empresas trasnacionales como  pretende el gobierno entreguista  de Felipe Calderón Hinojosa.

Ha sido muy importante el papel y la movilización que impulsaron miles de mexicanos y mexicanas ante el llamado que hizo Andrés Manuel López Obrador para evitar que en el congreso se aprobara vía fast track la iniciativa de reforma energética que envío Felipe Calderón con el aval del PAN y del PRI principalmente y una parte del PRD.  

Sin embargo, Pemex desde hace mucho tiempo ya no es patrimonio de los mexicanos, por lo que es necesario impulsar la lucha y movilización política para que nuevamente los recursos estratégicos de la nación sean para beneficio del pueblo de México, y no por el contrario se encuentren solamente al servicio de algunos empresarios mexicanos y de empresas transnacionales como ahora ocurre.  Esta batalla no puede darse solamente en el congreso y reducirse a un debate fingido de 71 días de duración. El pueblo de México debe ser partícipe en su totalidad de la batalla por la defensa de la soberanía nacional y para ello tiene el inalienable derecho a impulsar las formas de lucha que considere necesarias para hacerse escuchar y defender el petróleo.

Es importante generar un verdadero debate nacional no sólo para evitar la total privatización de Pemex o para justificar una reforma en materia petrolera, que lejos de beneficiar a los mexicanos y mexicanas, mantenga o amplíe los beneficios que gozan empresarios nacionales y extranjeros. Un debate nacional que culmine con un plebiscito o referéndum para que sean los mexicanos y mexicanos quienes decidamos democráticamente sobre el futuro de Pemex, nuestro petróleo y de México. Cualquier esfuerzo que se encamine hacia este fin es importante y debe reconocerse.